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POLITICA / CASO ODEBRECHT
martes 16 abril, 2019

Soterramiento: dictan falta de mérito para los empresarios involucrados en supuestos sobornos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que aún no hay pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales.

por Emilia Delfino

Angelo Calcaterra Foto: Marcelo Escayola
martes 16 abril, 2019

Tras un año de declaraciones indagatorias en la investigación por supuestas coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que aún no hay pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales.

El magistrado dictó 26 procesamientos, 3 sobreseimientos y 21 faltas de mérito, entre ellas a Angelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri) y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella. Marcelo Odebrecht y los ejecutivos de su empresa no fueron indagados debido a que las autoridades aún no concretaron un acuerdo de colaboración con Brasil para destrabar los impedimentos legales y poder tomar testimonio de los arrepentidos del caso en Curitiba. El juez firmó ayer 15 de abril la homologación para activar ese intercambio de pruebas con los fiscales del Lava Jato. Esa medida será central para avanzar con la teoría del pago de coimas.

El caso es clave para el Gobierno, no solo porque toca directamente al primo del Presidente. La obra está aún en ejecución pero intervenida judicialmente.

Los procesamientos cayeron sobre los ex funcionarios kirchneristas, con Julio De Vido y Ricardo Jaime a la cabeza, y a excepción del ex CEO de Iecsa y un ejecutivo de Comsa, el resto de los empresarios y miembros de las constructoras esquivaron los procesamientos y obtuvieron faltas de mérito.

Estas faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho, es decir, sobornos.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento sí alcanzan para dictar procesamientos por el pago de coimas. Se basa no sólo en los dichos de dos altos ejecutivos de Odebrecht que admitieron que se pagaron coimas por esta obra sino también por un informe de la AFIP en el que se detectaron pagos por casi US$ 5 millones a una empresa sospechada en varios países de operar como pantalla para blanquear pagos ilegales. Sin embargo, el juez argumentó que Iecsa demostró que esa empresa les había prestado servicios reales.

El direccionamiento

La causa del soterramiento tiene dos líneas de investigación. En esta etapa de proceso, el juez sólo dio por probada una de las teorías: que los entonces funcionarios públicos direccionaron de manera irregular el proceso licitatorio para que la obra quedara en manos del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella; y que a cambio, algunos de ellos habrían recibido dádivas.

PERFIL publicó en junio de 2017 cómo la obra del Sarmiento había mutado de una licitación por US$ 889 millones a un contrato por US$ 3 mil millones, gracias a las modificaciones en la ingeniería del proyecto y adendas que las empresas habían logrado imponer. Un trabajo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) demostró, según el juez, que las pautas del contrato habían sido controladas por los empresarios y no por el Estado. Además detalló cómo los funcionarios alteraron fechas y reglamentos administrativos para garantizarle a este consorcio la licitación, sin competencia. Para el fiscal Picardi, esos beneficios habrían sido garantizados mediante el pago de sobornos a los funcionarios.

El ex ministro Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el asesor Manuel Vázquez; el entonces secretario de Obras Públicas, José López; y Roberto Baratta, ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión quedaron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La teoría del juez es que favorecieron a las empresas en lugar de defender los intereses del Estado.

Sólo a Jaime y Vázquez le sumó un procesamiento por haber recibido dádivas de Iecsa y Comsa, por lo que el juez los embargó por $ 10 millones a cada uno. Ambas empresas realizaron pagos a la consultora de Vázquez, quien entonces se desempeñaba como asesor ad honorem de Jaime y quien para la Justicia fue su testaferro. La empresa de Vázquez se habría utilizado para canalizar pagos ilegales a Jaime mientras éste era funcionario.

De Vido, Baratta, Schiavi y López fueron embargados por $ 8 millones.

Además de estos cinco ex funcionarios de alto rango y el asesor Vázquez, Martínez De Giorgi procesó a otros 18 ex funcionarios de menor rango por otro delito: incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que intervinieron en la cuestionada licitación de la obra, con embargo menores.

Por la supuesta entrega de dádivas a Jaime y su asesor Manuel Vázquez, el juez procesó al ex CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y lo embargó por $ 5 millones. El ejecutivo fue sindicado por dos jefes de Odebrecht como el responsable de gestionar el pago de sobornos en la Argentina, un delito mucho más grave. Sin embargo, Martínez De Giorgi entendió que no hay elementos aún en la causa para dar por probadas las coimas. Como resultado de esa decisión, dictó 21 faltas de mérito que alcanzaron a empresarios y ejecutivos de las constructoras. La lista de los que esquivaron el procesamiento, por ahora, también incluye a Jorge “Corcho” Rodríguez, investigado como presunto intermediario del pago de sobornos, acusación que el empresario niega.

Además, el juez sobreseyó a dos hijos de asesor Manuel Vázquez y a su esposa.

Los sobornos

Martínez de Giorgi no dio por probado el supuesto pago de sobornos que las empresas habrían entregado a los ex funcionarios del ministerio de Planificación para obtener la licitación y destrabar los pagos a lo larga de la obra.  

Calcaterra fue un socio clave de Odebrecht en el país, y hasta 2011-2013 estuvo al mando de la relación con los ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. Luego, fue la brasileña Odebrecht la que tomó el mando de las negociaciones, de acuerdo con la investigación del fiscal. Aunque el número uno de su empresa quedó procesado por haber ofrecido dádivas a Jaime mientras se desarrollaba la licitación de la obra, el juez determinó que aún no hay pruebas para hallar a Calcaterra responsable de ese delito. Planteó la necesidad de profundizar la investigación en esta línea.

ED FeL EA


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